EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO REAFIRMA SU COMPROMISO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
"El Poder Judicial del Estado reafirma su compromiso con la Cero Tolerancia a la Corrupción", afirmó la Presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Claudia Jeanette Cota Peña, en la inauguración de la Capacitación del Sistema Estatal Anticorrupción, dirigida a las dependencias administrativas del Consejo de la
Judicatura de Baja California Sur.
El evento estuvo presidido por la Consejera de la Judicatura, Dora Luz Salazar Sánchez, el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA), Servando Espinoza Villavicencio y el representante del Comité de Participación Ciudadana del SESEA, Carlos Eduardo Vergara Monroy.
La Magistrada Presidenta subrayó, que la corrupción es un asunto de gran relevancia y que aunque no se puede negar su existencia en las instituciones, es fundamental combatirla; destacó que la educación y la prevención son pilares esenciales en este proceso, indicando que "la honorabilidad de cada persona no debe estar en juego", por lo que exhortó a todos los servidores públicos a ser conscientes del ejemplo que representan y a comportarse de manera íntegra.
Por su parte, la Consejera de la Judicatura enfatizó la importancia de que esta capacitación se realice de manera anual, resaltando que el combate a la corrupción debe ser visto de forma transversal como en otras actividades del Poder Judicial.
Salazar Sánchez, agregó que en el Poder Judicial se cuenta con un código de ética y conducta que se debe revisar y analizar periódicamente, ya que ahí se encuentran las virtudes que deben caracterizar a un servidor público; de igual manera reiteró que quienes trabajamos en el Poder Judicial debemos actuar con un alto valor de integridad y ética, para así ganar la confianza de la comunidad jurídica y de los justiciables.
Con estas acciones el Poder Judicial cumple con el compromiso colectivo de combatir la corrupción y promover la ética en el servicio público, como un paso fundamental hacia la construcción de un sistema judicial más transparente y confiable.